Con 69 votos a favor, dos en contra y 16 abstenciones, el Pleno del Senado de la República avaló prohibir y castigar con prisión de dos a seis años y a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de terapia de conversión que suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
El dictamen que añade el capítulo “Delitos contra la Orientación Sexual o la identidad de Género de las Personas” al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, señala que se incrementará al doble la sanción cuando las conductas se realicen en contra de personas menores de dieciocho años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
Además, establece que en caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento, a consideración del juez.
Al hablar sobre el dictamen, la senadora Olga Sánchez Cordero (Morena) lamentó que personas de la comunidad LGBT+ sean obligadas a tomar medicamentos, recibir tratamientos y a realizarse procedimientos médicos mediante la privación de su libertad en centros de salud por su condición sexual.
Por ello, explicó que el objeto de dicha reforma es que propone eliminar cualquier tipo de terapia para corregir la orientación sexual de las personas, sancionando penalmente a cualquier persona o profesional de la salud que promueva, imparta, aplique, obligue o financie este tipo de prácticas.
Por el PAN, el senador José Alfredo Botello Montes, se posicionó en contra del dictamen ya que “impide que los pedófilos y pederastas del país puedan ser atendidos por un especialista en la salud mental y afectiva, situación que incrementa el riesgo y la tasa de reincidencia en agravio de las poblaciones vulnerables integrada por niñas, niños y adolescentes”.
“Esto va más allá, este es un tema cultural y es darles espacio a los derechos de todas y todos, especialmente de la comunidad LGBTTTIQ+”, indicó la senadora Marcela Mora (PES), quien señaló como “aberrante” no apitar un dictamen que está a favor de la salud y los derechos.
Al retirar su propuesta de modificación, el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena), indicó que las y los legisladores deben impulsar acciones legislativas necesarias que contribuyan a proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que tienen una orientación sexual, identidad de género o expresión de género diversa.
“Es el momento en que las y los legisladores otorguemos a las personas que conforman la comunidad LGBT+ el andamiaje jurídico adecuado, que les permita hacer realidad un reclamo justo y necesario”, dijo.
Durante la discusión, los senadores del PAN advirtieron que la redacción de la reforma planteada criminaliza la actividad de los profesionales de la salud, por lo que coincidieron en la importancia de prohibir las terapias de conversión, pero dejar a salvo el trabajo de psicólogos y psiquiatras.
Y es que, de acuerdo con el proyecto, a las y los profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud que realicen este tipo de prácticas, se les aplicarán las mismas penas; además, de ser suspendidos en el ejercicio profesional, hasta por tres años. En caso de reincidencia, se les cancelaría el registro de la cédula profesional respectiva.
El dictamen se avaló en lo particular con 59 votos a favor, dos en contra y 15 abstenciones y se remitió a la Cámara de Diputados.
Fuente original: Canal del congreso