Por Héctor Apolinar
El pasado 6 de octubre, Tatiana Clouthier anunció sorpresivamente su renuncia a la secretaría de Economía durante la conferencia “mañanera” de ese día.
La conocida ex funcionaria leyó una carta explicando algunos motivos de su renuncia, el principal fue que «mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada”.
Mencionó que en julio y en septiembre expresó al Presidente de la República esa conclusión.
La renuncia causó revuelo en los medios políticos y empresariales del país.
Se publicaron versiones en el sentido de que Clouthier tenía una posición que beneficiaba a grandes empresas del sector privado, otras de que era “marginada” de las decisiones importantes en materia económica.
Al reflexionar sobre los motivos de su salida hay que evitar caer en personalismos subjetivos, o en contrastes maniqueos de buenos vs malos, que aunque pudieran tener peso, no son decisivos.
Desde el punto de vista del que escribe, el impulso más poderoso proviene del contexto en el que se dio. El contexto son las duras negociaciones que se avecinan con el gobierno de Estados Unidos en torno a la reforma a la Ley eléctrica que promovió por el presidente López Obrador, que fijó mecanismos más justos para la CFE en producción, compra y distribución de energía, ya que la reforma energética que promovió el entonces presidente Peña Nieto, estableció un marco legal que favoreció a las empresas privadas extranjeras en esos aspectos, especialmente a las norteamericanas y canadienses, pero también a españolas, como Iberdrola.
A principios de marzo de 2021, el Senado de la República aprobó la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, a pesar de la oposición de los legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
La importancia de las negociaciones México-EU
Diversos comentaristas críticos del gobierno de López Obrador, señalaron que la renuncia llegaba en un “mal momento”, justo cuando se abrían las consultas con el gobierno de Estados Unidos, en materia energética por presunta violación a las reglas del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (TEMEC).
Sin embargo, a ellos habría que considerar que precisamente la renuncia se debe a la importancia de esas negociaciones.
Por ello, el presidente López Obrador envío de relevo a Economía, a Raquel Buenrostro, quien era la directora del Sistema de Administración Tributaria (SAT), en donde realizó un trabajo que le fue ampliamente reconocido por haber elevado la recaudación de impuestos, en especial, por lograr que grandes empresas pagaran sus adeudos fiscales multimillonarios.
Buenrostro es una funcionaria que ha trabajado con López Obrador desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.
El objetivo de la queja de los Estados Unidos es muy clara: echar abajo la reforma eléctrica o que México indemnice a las empresas afectadas que se calcula podría ser de 10,000 millones de dólares[hai1] .
Es mucho lo que se juega, pues las inversiones que ha hecho el gobierno de López Obrador generación de electricidad serían perjudicadas. Ese es el motivo por el que decidió enviar un relevo como es Raquel Buenrostro, para cerrar un juego difícil.
El 20 de julio, la representante comercial del gobierno de los Estados Unidos, Katherine Tai, anunció que presentó una solicitud formal para iniciar consultas entre ambos países argumentando que las reformas legales en materia energética favorecen a las empresas Pemex y Comisión Federal de Electricidad en detrimento de las empresas norteamericanas.
“Hemos intentado trabajar de forma constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero, desafortunadamente, las empresas estadounidenses continúan enfrentándose a un trato injusto en México, señaló Katherine Tai, al explicar los motivos de la solicitud.
Se refirió a las modificaciones que contempla la Ley Eléctrica aprobada por el Congreso de México a propuesta del presidente López Obrador, y afirmó que “estos cambios de política afectan a los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y fiable»
La funcionaria norteamericana menciona que se “afectan los intereses económicos de los Estados Unidos”, pero no se refiere a cómo la ley que promovió el gobierno de Peña Nieto, apoyada por Estados Unidos, perjudicó los “intereses económicos” de México.
El 13 de octubre, el periódico El Universal publicó la noticia de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estima que tendrá que erogar 44 mil 17 millones de pesos en 2023 por la energía eléctrica que le venden empresas privadas, como Iberdrola, a través de sus centrales eléctricas.
“De acuerdo con el calendario de pagos anuales por adquisición de energía eléctrica de proyectos de inversión financiada, se calcula que, en 2024, el último año de la presente administración, el pago se duplicará a 111 mil 597 millones de pesos.
“Los datos forman parte del proyecto de Paquete Presupuestal de 2023, el cual estima que después de este gobierno, CFE tiene comprometidos pagos a los llamados productores independientes por un billón 497 mil millones de pesos, por contratos cuyo vencimiento, en algunos casos, son hasta 2054”. Como se puede observar el marco legal que estableció la ley eléctrica de Peña Nieto genera una enorme sangría de recursos para la CFE que, de continuar, pudiera llevarla a la bancarrota como estuvo a punto de suceder con Pemex, en el caso de la ley de hidrocarburos.