Las Cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron las reformas a distintas leyes que autorizan que la Guardia Nacional pase a la administración y dirección operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional que propuso el presidente López Obrador el 31 de agosto.
Las reformas aprobadas el 9 de septiembre, fueron turnadas al Presidente para su publicación en el Diario Oficial, lo que ocurrió el mismo día por la noche, lo que la convierte ya en ley.
La iniciativa que propuso el presidente López Obrador fue rechazada por los legisladores del PRI, Acción Nacional, PRD y un grupo de senadores sin partido, porque supuestamente promueve la “militarización” del país y le otorga más poder a las Fuerzas Armadas, por encima del poder civil y se corre el riesgo de que cometan violaciones a los derechos humanos que queden impunes.
El presidente López Obrador respondió a la oposición que no se quiere militarizar, “¡no! Si no somos iguales, yo no he declarado la guerra, no le he dado órdenes al Ejército de que violen derechos humanos, de que haya masacres, de que torturen, de que desaparezcan a la gente ¡No! No somos iguales”, aseveró, en su IV informe de gobierno, en clara referencia a las acciones que se cometieron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Asimismo, explicó que “envié el día de ayer al Congreso una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa con el único afán de que se consolide, mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, no se corrompa, como sucedió con la antigua policía federal”.
Otro de los argumentos que se utilizan contra la reforma es que supedita el Poder Político al Poder Militar, con lo que se “rompe” el orden institucional que existe que supedita las Fuerzas Armadas al Presidente de la República.
Las descalificaciones a la reforma a la Guardia Nacional que hacen los grupos de oposición no expresan una legítima preocupación por una supuesta “militarización del país”, tampoco porque se le entregue más poder a las Fuerzas Armadas o porque se corra el peligro de que cometan violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pues fue durante el gobierno de Felipe Calderón cuando se cometieron los peores violaciones a los derechos humanos y fue alto el nivel de letalidad en enfrentamientos con delincuentes.
Además, con Calderón se produjo un mayor número de muertos inocentes en los enfrentamientos que se produjeron en las calles de Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros, Reynosa, Culiacán, entre otras.
El presidente López Obrador fue claro al afirmar en su Informe que en su gobierno “no se permite la violación de derechos humanos; la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres; no se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito”.
Las categóricas aclaraciones del Presidente son el principal argumento que echa por tierra las criticas a la política de seguridad pública que aplica el gobierno de la Cuarta Transformación y el aval moral que sostiene a su gobierno de cara a la mayoría de la población del país.
Es decir, en este gobierno no se utilizan las Fuerzas Armas como instrumento de represión u opresión de la sociedad, como sucedió durante muchos años en el antiguo régimen que gobernaba el país.
Esa etapa ya concluyo.
Actualmente, las Fuerzas Armadas de México desempeñan un papel importante en la construcción de la paz con acciones sociales de alto impacto como son la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, su participación en la construcción del Tren Maya, la distribución de vacunas contra la Covid19, así como el control de aduanas, puertos y el combate al robo de petróleo.
Por ejemplo. La oposición critica que la Marina Armada sea la encargada de los puertos y aduanas, sin tomar en cuenta el alto grado de corrupción que existió en esas áreas de gobierno no solo de mercancías, sino de drogas y precursores químicos para producir drogas sintéticas.
Por aduanas y puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Tampico, Ciudad Juárez, Matamoros o Tijuana, entraban y salían cargamentos de narcóticos. Eso se tenía que terminar. Fue ese motivo el que llevó al presidente López Obrador a tomar la decisión de que la Marina Armada se hiciera cargo de su administración.
Gran parte de la crítica del Partido Acción Nacional, del PRI, PRD, Claudio X. González, de Sí por México, Frente Cívico Nacional, Enrique de la Madrid, entre otros, que conforman la oposición a AMLO, se explica porque se oponen al papel que están desempeñando las Fuerzas Armadas en esta nueva etapa de transformación de la vida nacional que vive México.
El viejo sistema político y gubernamental que existía en el país ya no funcionaba. Su profunda corrupción, su falta de representatividad y de participación social, lo convirtió no en una solución sino en un problema para el país, por eso era necesaria una profunda reforma de las instituciones y del gobierno para que nuestra nación pueda superar los agudos problemas que tenemos.
En un sistema político que surja, como hoy, de elecciones sin fraudes electorales y sin corrupción, es posible que todas las instituciones de gobierno funcionen al servicio de la sociedad. Esa es la transformación de fondo que lleva a cabo el presidente López Obrador.
