La resolución de la Suprema Corte
Que tanto el Gobierno como la IP ofrezcan un mejor servicio eléctrico con mejores tarifas: Dr. Rafael Cabanillas
Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se establecen las bases para un crecimiento sano de la industria eléctrica en México.
Esta decisión de invalidar la solicitud de inconstitucionalidad promovida por los opositores en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es una noticia muy importante, ya que por un lado, da dirección en la producción de energía eléctrica al Estado, explicó el Dr. Rafael Cabanillas López, Director General de Energía de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, en exclusiva para La Cuarta en Sonora.
Y por otro lado, también da dirección a la política de planeación del crecimiento de la industria eléctrica mexicana, que tendrá su mayor punto crítico cuando se vote próximamente en la Cámara de Diputados y en la de Senadores para aprobar la propuesta del Presidente, indicó.
Poner orden al mercado
En este sentido, expuso Cabanillas López, de lo que trata la iniciativa de Reforma Constitucional que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador es simplemente darle un orden a lo que está sucediendo ahora, en el ámbito de producción eléctrica por compañías privadas o por el Estado, es decir, ponerle orden al mercado es dar certeza a que van a estar funcionando de una mejor manera.
“Y ese orden que se requiere es necesario, dado que la energía eléctrica dejó de ser una simple mercancía para llegar a ser una necesidad imperiosa de asegurar una mejor calidad de vida para la población”, indicó.
Es decir, la responsabilidad de mantener el sistema eléctrico seguro y funcional seguirá siendo del Estado, lo cual debería dar tranquilidad a los inversionistas porque el 46% del mercado seguirá siendo IP, y además de que está asegurado el funcionamiento o la operatividad, añadió.
El Estado y la IP
“Las compañías extranjeras y de la Iniciativa Privada buscan tener ganancias en términos de energía eléctrica, pero en este caso la prioridad es la seguridad de tener el fluido eléctrico en las casas, en las oficinas, en los negocios, independientemente de que eso produzca o no ganancias, lo cual es una visión distinta, pero no es una visión encontrada, sino complementaria”, indicó.
Entonces, ahora se trata de establecer una estructura mucho más sólida –social y nacional—para despegar e incrementar la industria eléctrica nacional y no dejarle al mercado la opción total. Y ha sido bastante bien argumentado el por qué el Estado debe tener la dirección de este recurso imponderable, ante el desarrollo del país, y una proporción bastante grande para el ámbito comercial o de mercado, manifestó.
“Es muy conveniente incluso para ambos, tanto para el Gobierno contar con participación de la IP, porque hay escasez de recursos para poder crecer al ritmo en que la población y la demanda exige; y por otro lado, la conveniencia por parte de la IP de que el Estado mantiene la viabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, apuntó.
Y no pudiera ser de otra manera, agregó, porque ya se tiene el ejemplo claro de lo que está ocurriendo en Europa: Un mal diseño del mercado propicia reglas “muy equivocadas, muy malas y muy inconvenientes para la población en general, pero muy convenientes para las empresas que se ven beneficiadas”, opinó.
Ofrecer mejor servicio eléctrico
La energía eléctrica va seguir creciendo en demanda, porque cada vez las personas requieren más y están cambiando sus consumos. En los hogares y en los centros de trabajo, los consumos de energía eléctrica suben debido a que cada vez se necesitan más instrumentos para trabajar y desempeñarse en forma eficiente, explicó.
“Lo mismo en educación, en hospitales, en los comercios, en las industrias, toda la actividad educativa, productiva; toda la actividad humana está requiriendo de mayor energía eléctrica, y este paso importante de hoy, lo que está sucediendo este año y la propuesta del Presidente es establecer las bases para un crecimiento sano de la industria eléctrica en México”, apuntó.
Se trata de que tanto el Gobierno como la IP puedan ofrecer un mejor servicio eléctrico, con mejores tarifas, con mejores formas de producirla, más eficientes y con menos impacto al medio ambiente. “No es solamente del gobierno la responsabilidad, es de las empresas también”, indicó.
Finalmente, Cabanillas López expresó que la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos es manifestarse a favor o en contra de la Reforma Eléctrica, porque “es un paso históricamente importante” si se quiere un desarrollo social nacional establecido, que dé a los mexicanos identidad nacional.