La presentación del “Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa”, arroja una clara luz sobre los acontecimientos que llevaron al secuestro, muerte y desaparición de los estudiantes entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, así como de quienes estuvieron directa e indirectamente involucrados.
La trama que envuelve este terrible caso que cimbró a México, es ominosa, tenebrosa, para decir lo menos, y de gran escala; incluye a decenas de personas entre integrantes de grupos del crimen organizado, como Guerreros Unidos, a policías de los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco, de dicho estado, al Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca y a militares del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, en particular, al entonces coronel, José Rodríguez Pérez, comandante del batallón.
El revelador informe fue dado a conocer a la opinión pública nacional, el 18 de agosto, por el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, en la conferencia matutina del presidente López Obrador
El informe concluye que los grupos Guerreros Unidos, operadores de la Familia Michoacana, fueron quienes directamente secuestraron y asesinaron a los 43 de Ayotzinapa, pero que colaboraron con ellos policías de los municipios mencionados que estaban al servicio de los grupos de narcotraficantes citados, cuyas ramificaciones se extendían por toda la región, incluso a la ciudad de Taxco, entre otras.
Pero por arriba de ellos se encontraba el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien dio la orden de eliminar a los estudiantes porque estaban “calentando la plaza”, argumentando que “Iguala es mía”.
Antes de ser alcalde, Abarca tenía un largo historial delictivo vinculado al narcotráfico y a diversos delitos graves, de acuerdo a información pública que puede ser consultada aquí.
Sin embargo, el secuestro de los estudiantes por los policías y delincuentes, la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, fueron conocidos por todas las autoridades estatales y federales, las cuales no intervinieron para evitar los hechos por uno u otro motivo.
De acuerdo al informe todas las autoridades estaban informadas.
Esto es lo que dice textualmente el informe al respecto:
“Como se puede constatar, a lo largo de este informe, tanto las autoridades federales, estatales y municipales (Sedena, CISEN, Policia Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, Policía Estatal , entre otras, estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de Ios estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la FECSUM de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México.
“Estuvieron al tanto de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada al Rancho del Cura, a Ia caseta de la autopista a Cuernavaca y a la Central de Autobuses, así como de los hechos de persecución y violencia que precedieron a la desaparición.
“Esto acredita responsabilidades por acción, omisión o negligencia en las actuaciones gubernamentales al momento de presentarse los hechos de persecución, violencia y desaparici6n de los estudiantes en Iguala.
“Las autoridades fueron negligentes y omisas. Los hechos de violencia y desaparición de Ios normalistas debieron evitarse. Sus omisiones permitieron Ia desaparición de los estudiantes y el homicidio de al menos seis personas esa noche”.
Esta es una de los más graves señalamientos que hace el informe lo que, más adelante, lo lleva a afirmar que existió un encubrimiento de los hechos por parte de autoridades de alto nivel gubernamental federal por lo que se fabricó la tesis de la “Verdad Histórica” proclamada por el procurador general de la república en Jesús Murillo Karam, hoy en prisión.
La “verdad histórica” sostuvo oficialmente que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados e incinerados por el grupo delicitivo “Guerreros Unidos”, por órdenes de Abarca, debido a que los estudiantes pretendían sabotear el informe de labores de la esposa de Abarca, quien era presidenta del DIF y posible candidata a la alcaldía de Iguala.
Las investigaciones hechas por la Comisión refutan esa versión ya que encontraron que los estudiantes buscaban secuestrar camiones de pasajeros con el fin de llevar estudiantes a la manifestación del 2 de octubre que se realizaría en la Ciudad de México, lo cual era un compromiso hecho por la escuela rural de Ayotzinapa en el congreso nacional de escuelas rurales que se había realizado semanas antes. De ello estaban enteradas las autoridades federales desde entonces, por lo que la “verdad histórica” no se sostenía en hechos.
