Por José Arturo Rodríguez Obregón
Recientemente el gobernador Alfonso Durazo firmó el decreto de reforma a la Constitución Política de nuestro estado, con la que se instituye un sistema universal de becas para las y los estudiantes de todos los niveles de educación pública en el estado, y el cual prioriza las regiones o grupos con mayor pobreza, rezago educativo, violencia, y con discapacidad física o mental.
Después de un mes de que el gobernador enviara la iniciativa de reforma constitucional al congreso estatal, las becas son ya un derecho constitucional, garantizando, ahora de manera permanente, el acceso de niñas, niños y jóvenes sonorenses a uno de los recursos más importantes para su desarrollo integral, como lo es la educación. Así, el gobernador logra asegurar a nivel constitucional uno de sus principales compromisos sociales que trascenderán su gobierno.
En esa iniciativa el gobernador, con un gran sentido de responsabilidad púbica, aseguró el recurso financiero para la implementación del sistema de becas, ya que el presupuesto que se le asigne será progresivo, por lo que no podrá disminuirse respecto del presupuesto que se le haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
El sistema de becas, además de combatir una de las principales causas de la deserción escolar, como lo es la insuficiencia de dinero para cubrir los gastos inherentes a la asistencia a las escuelas (alimentación, transporte, vestido), tendrá un efecto positivo inmediato en las familias sonorenses, especialmente en las familias que viven en condiciones de pobreza, ya que para evitar el abandono escolar de los hijos no tendrán que afectar el recurso destinado a la satisfacción de otras necesidades familiares esenciales. El sistema de becas y otros programas sociales estatales y federales están generando condiciones favorables para que muchas familias sonorenses rompan el círculo vicioso de la pobreza.
Con el sistema de becas, Sonora se pone a la vanguardia en el cumplimiento de los derechos sociales.