En su conferencia “mañanera” del 16 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el decreto oficial de su gobierno por el cual se instruye al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para que declaré “áreas naturales protegidas” 16, 400 hectáreas propiedad del Fondo Nacional de Turismo, entre ellas cientos de kilómetros de playas.
Los inmuebles “que se encuentran en los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa que, por sus características y presencia de especies de flora y fauna en ellos, tienen un valor ambiental importante y, por lo tanto, pueden declararse como áreas naturales protegidas”, dice el decreto publicado el 15 de febrero en el Diario Oficial de la Federación.
El presidente López Obrador dijo, en la conferencia, que la medida tiene como objetivos es proteger flora, fauna, especies incluso en vías de extinción.
“Lo segundo es que la población pueda disfrutar de estos espacios. Ya saben ustedes cómo en el periodo neoliberal se fueron privatizando las playas y ya la gente no tiene posibilidad de disfrutar del mar. En estas áreas protegidas hay varios kilómetros de playas”.
El Presidente agregó que otro e los objetivos que se busca es evitar “que se siga traficando con estos bienes”.
Al explicar el decreto, Javier May, director de Fonatur, dijo que se han identificado 16 mil 414 hectáreas con alto valor ambiental que pueden ser convertidas en áreas naturales”
May señaló, categóricamente, que “por mucho tiempo los bienes a cargo de Fonatur fueron del uso al abuso y se convirtieron en privilegios a costa del pueblo”.
“La venta de terrenos terminó prácticamente con las playas públicas y el negocio turístico avanzó sin resolver la pobreza de la gente”, añadió.
“En el gobierno de la Cuarta Transformación no queremos más playas privadas, no queremos nunca más un desarrollo turístico a costa del sufrimiento del pueblo. Las playas de México son de todas y de todos los mexicanos, y los bienes públicos deben fortalecer el medio ambiente y sobre todo devolver el sentido humano a la práctica turística”.
La privatización de las playas es una práctica que se extendió por todo el país, dejando a la población mayoritaria con un acceso muy restringido a las playas, lo que ha sido causa de malestar social.
Esa situación ha sido permitida, o estimulada, por diversos gobiernos federales, estatales y hasta municipales sobre la base de la corrupción en el otorgamiento de permisos o sin ellos.
La medida se aplicará de acuerdo a las leyes en materia ambiental, por lo que la “Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente acuerdo, debe llevar a cabo los procedimientos correspondientes para la emisión de las declaratorias de áreas naturales protegidas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”.
Así lo establece el decreto publicado.