Por Héctor Rodríguez
Mientras la justicia redistributiva de los programas federales se afianza en todo el país y, en especial este bimestre, en Sonora, con la dispersión de más de dos mil millones de pesos para los más pobres, los ocho ministros de la suprema corte continúan defendiendo sus privilegios de grupo.
Algo inaudito e inusitado es que ocho personas, exhibidos ellos mismos en sus altos niveles de corrupción, vayan contra un decreto que más de 36 millones de Mexicanos decidieron apoyar para terminar, precisamente, con privilegios que esos ministros solitos se dieron.
Sueldos de más de ochocientos mil pesos mensuales, gastos para chofer, carros, lavandería, alimentos, ayudantes en casa y jubilaciones de varios millones de pesos que ningún simple trabajador soñaría jamás, son parte de los privilegios que con dinero público estos magistrados se han otorgado y no quieren dejar de recibirlos.
El mandato de la reforma que el pueblo aprobó es justo. Se trata de terminar con gastos superfluos y salarios elevadísimos, muy por encima del que percibe la presidenta de la república y poco congruentes con el gobierno austero que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, implementó a rajatabla desde el sexenio pasado.
Para ello se oponen tenazmente a una reforma que ya el pueblo decretó y amparándose en facultades que no están en la constitución pretenden ampararse precisamente contra una reforma que ya se decretó.
Con eso, ellos mismos están violando la constitución porque no hay ahí, ningún fundamento legar que sostenga su argumento.
Ojalá que ese grupo de ocho magistrados no pase por alto que el supremo poder constituyente es el pueblo de México. Y ese poder ya decidió.