Permanecían de incógnitos resolviendo situaciones como máxima autoridad, a veces con carácter irrevocable; sus dictámenes hacían y deshacían en nombre de la ley, pero violentando la ley para ponerla siempre al servicio del que mejor pagaba, liberando al pillo que habiendo robado dinero les daba un moche, al empresario evasor que los compraba con canonjías, etc.
Por otro lado, disfrutaban de grandes privilegios.
Así se fueron convirtiendo en un poder sobre los poderes.
Ahora su principal alegato es que no debe haber elecciones de ministros, sino que deben quedar los que tengan experiencia y que estén preparados; es decir, ellos mismos.
La elección popular es una oportunidad para muchos juristas y abogados honestos, que han defendido las causas justas y que tienen experiencia y que además pueden lograr la simpatía de la gente.
Es fácil: que los actuales concursen también y que digan los expedientes que han resuelto y en qué sentido.
Ello hará que la gente tenga un criterio para aprobarlos o rechazarlos, y también que los nuevos aspirantes digan su concepto de la ley y cuál sería su actuación.
Pero lo que es definitivo es que el pueblo va a decidir quiénes serán encargados de hacer justicia, como ha votado siempre por los encargados de presidir el país y de legislar por la patria.
