Por Juan I. Ramírez
«No puede haber gobierno rico con pueblo pobre» es uno de los lemas o ideas fuerza que el presidente López Obrador ha esparcido por todo el país.
Y resulta que la corte de justicia, a quien reiteradamente se le pidió que revisara el funcionamiento y las normas que rigen al Poder Judicial, a lo cual rotundamente se negaron y que hoy claman diálogo y participación, es un nicho de privilegios para quienes logran incorporarse en ese espacio sacrosanto de la burocracia mexicana.
90 millones anuales para anteojos, 24 para festejo del día de las madres y 26 millones cada año para festejar a los padres (se ve que son patriarcales todavía, cuando en otros poderes ya ha llegado la paridad de género), 235 millones para vestuario, 900 para traslados, 282 para guardias de seguridad y 1,177 para el riesgo, lo que eso quiera decir.
Sus sueldos son del triple de lo que gana el Presidente, violando la Constitución.
Un montón de dinero para mantener los privilegios de una casta que aparentemente, con eso, no debía de ser corrupta y que sin embargo se ha conseguido lo contrario: el Poder Judicial está al servicio de los grandes intereses económicos y no vela por la justicia del pueblo.
Pero el pueblo es sabio y ya ha autorizado al movimiento de la 4T para que se avance en la modificación de un Poder judicial que sirva a la justicia mexicana.