Por José Arturo Rodríguez Obregón
Durante los últimos días, la nota que ha acaparado la atención de los medios es la extinción de trece fideicomisos que de manera ilegal creó el Poder Judicial para proporcionar privilegios y lujos a las altas esferas y mandos medios de sus diversas instancias (Suprema Corte de Justicia, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral).
Por donde se analice, esos fideicomisos de miles de millones de pesos carecen de una mínima legitimación y justificación pública:
– En lo legal, y por reciente reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el único fideicomiso del poder judicial con sustento legal es el relacionado al fondo de apoyo a la administración de justicia, y que de acuerdo al artículo 231 debe ser destinado a la adquisición, construcción y remodelación de bienes inmuebles de las sedes de órganos jurisdiccionales, a la compra, renta, reparación o mantenimiento del mobiliario y el equipo necesario para su funcionamiento, y a la capacitación, mejoramiento y especialización profesional de su personal.
– Desde el punto de vista del interés público y de las funciones del poder judicial, la creación de esos fideicomisos carece de una mínima justificación: los trece fideicomisos que están en proceso de extinción, y que acumulan fondos por más de quince mil millones de pesos, están destinados, entre otras cosas, para pensiones extras de magistrados y jueces, para el mantenimiento de sus casas, y para apoyos médicos complementarios. Nada más en el fideicomiso para pensiones se cuenta con más de 4 722 millones de pesos.
Es una transgresión grave al orden republicano que una institución de naturaleza pública, como lo es el poder judicial, con artificios institucionales beneficie de manera tan burda a sus cúpulas, más aún cuando sus miembros perciben los más elevados sueldos en el servicio público y gozan de numerosas prestaciones de las que carecen la gran mayoría de los servidores públicos del país, y ni se diga de la clase trabajadora. Es inadmisible que con recursos públicos esa minoría, ya privilegiada, obtenga más privilegios y lujos; en los egresos anuales autorizados al poder judicial ya se incluyen recursos para sus pensiones y servicios de salud. A qué nivel de abuso y cinismo llegaron esas cúpulas que en días pasados la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación defendió el presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación para el próximo año 2024, en el que se contemplan 400 millones de pesos para la alimentaciónde mil setecientos de sus trabajadores.
Ahora bien, si en el análisis incluimos las gravísimas y extendidas práctica de nepotismo en el poder judicial, y que ya han sido documentadas en investigaciones serias y contundentes, como la que llevó a cabo el Consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada (https://contralacorrupcion.mx/web/magistrados/), podemos concluir que en los últimos años se constituyó en el poder judicial una red de familias que se ha dedicado más a generar beneficios y ganancias particulares, que a favorecer el interés público.
El Congreso de la Unión no debe de ceder ni negociar un ápice en la eliminación de esos privilegios y lujos de unas cuantas familias que están apropiándose del poder judicial. El Congreso deber ser contundente y enviar así un mensaje claro: nadie por encima de la ley y nadie gozando de privilegios y lujos a expensas del interés y los recursos públicos.