En el marco del juicio que lleva el Gobierno de Estados Unidos en contra Genaro García Luna, se dieron a conocer la semana pasada sobre los jugosos contratos millonarios pactados entre el acusado y los políticos Miguel Ángel Osorio Chong (priista) y Miguel Ángel Mancera (perredista), aspirantes a la candidatura para la presidencia de la república por la coalición Va por México, este próximo año 2024.
Derivado de una demanda civil interpuesta por el Gobierno de México ante juzgados del Estado de Florida, en septiembre del 2021, con el objeto de recuperar bienes a nombre del ex secretario de Gobernación de la administración panista de Felipe Calderón, Genaro García Luna, se dio a conocer que el acusado amasó una fortuna de 745.4 millones de dólares provenientes de dinero público por medio de contratos a empresas fachadas.
La Unidad de Inteligencia Financiera fue la encargada de demandar y sin duda, los hoy senadores, Miguel Ángel Mancera y Osorio Chong, tienen mucho por explicar.
Miguel Ángel Osorio Chong, fue secretario de Gobernación en el periodo de Enrique Peña Nieto, en el periodo de 2013 al 2018. Estaba al mando del director administrativo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Ímaz; así como de los directores administrativos del entonces Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán y José Alberto Rodríguez Calderón, quienes asignaron contratos con un monto que haciende a 427.6 millones de dólares a empresas fachadas cuyos representantes eran prestanombres de Genaro García Luna.
Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México también puso de su parte. Existe un contrato de la Fiscalía capitalina (antes Procuraduría General de Justicia) de octubre de 2017 por 1,5 millones de dólares a prestanombres de García luna.
De igual manera, la UIF denuncia desvíos que suman 316.3 millones de dólares que bajo el mismo esquema se realizaron cuando García Luna estaba en funciones como Secretario de Seguridad pública, bajo las órdenes del panista Felipe Calderón Hinojosa, en el periodo del 2009 y 2012. Los contratos los otorgó la extinta Policía Federal y el órgano administrador de priones a nivel federal, ambos organismos bajo responsabilidad del acusado. Las empresas fachada mencionadas son GLAC Security Consulting, Nunvav Inc. y Nunvav Technologies, las cuales facturaban servicios de seguridad, adquisición de equipos, tecnología para prisiones y demás actividades dedicadas a la seguridad pública. Estas empresas presentaban su sede de operaciones en panamá.