El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir para apaciguar cualquier tipo de conflictos. No hay duda. Y más cuando estos afectan la vida en comunidad.
En el caso del cobro que realiza desde hace mucho tiempo un grupo de Yaquis a quienes transitan por su región, ocasionando pérdidas de tiempo y obviamente económicas, la mejor propuesta de los gobiernos de AMLO y de Durazo es que en lugar de reprimirlos, como lo han pedido algunos, se les retribuya dicho cobro para terminar así y de una vez por todas con un conflicto que parece eterno.
Saber negociar debe ser siempre la característica de un buen gobierno, cuando se trata de proteger valores, más que intereses. Y en este caso, buscar la paz entre Yaquis y automovilistas es lo que no se hizo nunca en los sexenios del PRI y del PAN. Es más, la percepción que se promovía antes, en lugar de respetarlos, es que eran unos bandidos y haraganes.
Por eso es que llama la atención la respuesta rápida del presidente López Obrador ante un conflicto que, en apariencia, forma parte de los males de Sonora y nunca se planteó nada a fondo para resolverlo. Y en ese sentido, muy bien la respuesta y respaldo del gobernador Alfonso Durazo al explicar que el fondo del conflicto de los Yaquis es un asunto político que debe resolverse a través del diálogo y no tratarlos como delincuentes.
Una buena negociación te lleva a dialogar. Y el diálogo a los acuerdos justos. Y un acuerdo político debe resolverse a fondo para que no vuelva a brotar.
Durazo explica que los Yaquis ejercen su derecho de vía, porque la carretera pasa por su propiedad. Y cómo lo haría cualquier particular, piden el cobro -que es cualquier cosa- para resolver carencias que padece su comunidad; ya sean gastos funerarios o recetas médicas y nadie lo usa para beneficio individual, precisó.
De tal forma que la obligación del Estado es buscar y encontrar la solución a sus necesidades añejas como se está haciendo ahora con el Plan de Justicia Yaqui, a través de obras de drenaje, pavimentación, banquetas, escuelas y programas de desarrollo para la mujer y los jóvenes, así como programas de producción. Y si ellos se ven obligados a cobrar por el paso de vía, la obligación del gobierno de Sonora es resolver sus necesidades elementales para que ya no tengan que hacerlo.
Se infiere, pues, que los anteriores gobiernos estaban involucrados en defender intereses particulares que perjudicaban la vida de los Yaquis o, mínimo, eran incapaces para ayudarlos a resolver sus problemas; lo cual –también- es corrupción, sentenció el gobernador. Negociar, dialogar, discutir, pactar y acordar…Tenemos que aprender a hacerlo.