En días pasados el gobernador del estado, Alfonso Durazo, utilizó en una de sus conferencias de prensa el concepto “a precios de la 4T” y con ello puntualizó que en su gobierno -de la Cuarta Transformación- la obra pública no saldrá tan cara como la realizada por los gobiernos anteriores.
Y lo demostró al señalar que la inversión que acaba de llevar a cabo en la remodelación del estadio Héctor Espino para transformarlo en una escuela de jóvenes beisbolistas, apenas se invirtieron 136 millones de pesos en una construcción –digna y funcional- que no le pide nada a los parques modernos de béisbol; mientras el nuevo Estadio Sonora, construido en el gobierno de Guillermo Padrés, tuvo un costo de 500 millones de pesos.
Sin meternos a la cuestión histórica del estadio Héctor Espino, en el que se disfrutaron grandes juegos de pelota y victorias para Los Naranjeros, ni con la imagen poderosa y carismática del legendario beisbolista, la diferencia del costo económico fue de 364 millones de pesos entre uno y otro, lo cual resulta sumamente desproporcionado. Como que se baja el cero y no toca.
No se trata, entonces, de invertir en lujos ni en superficialidades onerosas a la hora de diseñar y construir obra pública, sino que dichas obras sean necesarias, que cumplan con su cometido de servir y no servirse, que sean funcionales y técnicamente bien hechas, pero sobre todo que no sean motivo de robo alguno a los contribuyentes para beneficio de unos cuantos aprovechados, disfrazados de servidores públicos o de empresarios exitosos. Así, que fácil.
Ya basta en Sonora con la práctica descarada con más de mil formas de corrupción y que el tráfico de influencias termine ya como una historia de vividores y parásitos del erario público. Qué vergüenza.
Hay algunos voces que culpan a los funcionarios de gobierno -que no servidores públicos- de ser ellos los que fijan el porcentaje que se le agrega a cada obra, pero en términos generales se habla de la complicidad que se da entre un negociante -compadre o amigote- con el que se llega al acuerdo en el precio, y que andaría en un 30 por ciento de ganancia sobre cada presupuesto. Mientras que de la calidad de la obra: bien gracias. Y el ejemplo más claro son las líneas de ruta en las calles que se borran a la menor provocación.
Así que en los presupuestos de miles y miles de millones de pesos que se prevé para todo el estado en esta etapa de transformación, ya no habrá lugar para componendas y complicidades y menos para obras mal hechas o sin terminar. El estado corrupto tiene que ser desarticulado. Y esa práctica en Sonora ya se acabó, según afirma constantemente el gobernador Durazo, para dar paso con ello a servir bien a la gente. A precios de la 4T debe significar entonces, un gobierno honesto, eficiente, con obras de calidad y respeto para la población, que son los mismos usuarios, y que también deben ser los beneficiados por cada peso que se invierta en ellas.
Imagine un transporte público de buena presentación y buen servicio. Un pavimento de primera calidad en carreteras y calles, y con mejores señalamientos. Piense en unas banquetas bien hechas para caminar. En casas bien terminadas y espaciosas. En edificios de gobierno bien diseñados, funcionales y para nada ostentosos. En policías bien capacitados y honestos. Y por qué no, en servidores públicos que traten con amabilidad y eficacia a todos los hombres y mujeres sonorenses, solo porque se lo merecen.
Que este tiempo de cambio y de transformación sirva para empezar a hacer bien las cosas en Sonora…Y a precios de la 4T.
¡Fierro!