Con motivo del condenable asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, cometidos el pasado 20 de junio en la parroquia de San Francisco Javier en Cerocahui, en la sierra Tarahumara, a manos de un integrante del crimen organizado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió una importante declaración con errores e inexactitudes respecto a la situación que vive la seguridad pública del país y la política que aplica el gobierno del presidente López Obrador en la materia.
Es probable que dichos errores se deban a una reacción inmediata de dolor causada por lo injustificado y premeditado de los asesinatos de los dos estimados sacerdotes, que dedicaron muchos años a la atención de integrantes de la etnia tarahumara, comunidades ancestralmente marginadas y en extrema pobreza.
Una reacción de esa naturaleza es entendible y hasta justificable.
Lo que no parece justificable, es que la reacción del Episcopado lo lleve a incursionar de lleno en la disputa POLITICA del país, al hacerse eco de las acusaciones sin base que le hace el bloque opositor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que la estrategia de seguridad de su gobierno es un fracaso.
Como es bien sabido, esos cuestionamientos los encabezan conocidos comentaristas políticos de los medios de comunicación tradicionales (periódicos, radio y televisión comercial) y cuestionados líderes políticos como el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, hundido en la corrupción, y Marko Cortés, dirigente del PAN, cuestionado por destacados panistas, por la forma patrimonialista con la que dirige su partido.
Y desde el plano empresarial lo hace constantemente, Claudio X. González, reconocido promotor de la alianza #VaXMéxico, de la que forman parte PAN, PRI y PRD.
La declaración del Episcopado sostiene que:
“Ante la gravedad de los hechos, hacemos un llamado al Gobierno Federal y a los distintos niveles de autoridades, en consonancia con el pronunciamiento que se ha realizado desde el Senado de la República: es tiempo de revisar las estrategias de seguridad que están fracasando”.
Habría que hacer notar un primer error en el que incurre el Episcopado al hacer ese señalamiento. El Senado de la República no ha hecho un “pronunciamiento” para revisar la estrategias de seguridad del gobierno de la república.
Fue el senador Ricardo Monreal quien, a título personal, declaró, hace unos días, que sería conveniente revisarla, pero esa no fue la posición oficial del Senado de la República, cuya mayoría de legisladores (MORENA) apoya la estrategia del presidente de la República.
En este punto parece que hizo falta un mayor acopio de información a los integrantes del Episcopado, con el fin de no incurrir en inexactitudes de esa naturaleza que se prestan a malas interpretaciones.
Más desconcertante fue su afirmación de que hay que revisar las estrategias de seguridad porque “están fracasando”, cuando la realidad de las cifras del INEGI muestra que la estrategia está teniendo un éxito relativo.
De acuerdo al instituto, los asesinatos dolosos en el país se han frenado y han empezado a descender.
En el año 2006, el número de asesinatos fue de 10,452. Con la estrategia de Felipe Calderón de declarar la “guerra al narco”, en el año 2012, al finalizar su gobierno, la cifra de asesinatos fue de 25,967.
Con Peña Nieto, en su último año de gobierno la cifra anual fue de 36, 685 asesinatos dolosos.
Al llegar AMLO al gobierno, el primer año, 2019, la cifra se detuvo, pues fue de 36,661. En 2020, los asesinatos de incrementaron muy ligeramente alcanzando los 36,773. Pero en 2021, se redujeron y la cifra fue de 33,308.
Estos datos no fueron consultados a la hora de redactar el documento del CEM. Haberlos contemplado hubiera permitido llegar a conclusiones más apegadas a la realidad.
Sin embargo, nadie puede negar es cierto que el número de asesinatos que se cometen hoy, y en los sexenios pasados, son altos y llevan ya 15 años, lo que parece un fenómeno endémico, pero no es así.
Los programas sociales que puso en marcha el gobierno de López Obrador tienen un impacto positivo en un alto número de beneficiarios de los mismos, en particular, entre 10 millones de adultos mayores y estudiantes de secundaria, bachillerato y universidades.
Estos programas de apoyo económico son parte de las acciones innovadoras puestas en marcha por López Obrador que coadyuvan a reducir y a prevenir la delincuencia organizada y común.
Lo mismo ocurre con los incrementos salariales que impulsa el gobierno que han roto con la política de “contención salarial” que aplicaron gobiernos anteriores y que enviaron a millones de mexicanos a la subsistencia, a la pobreza o la emigración.
Estamos conscientes que la estadística no es su misión, pero ya que se va a emitir una declaración pública, que aborda el tema, era pertinente consultar cifras que son accesibles al público.
Hay otros aspectos de la declaración del CEM que tal vez no contemplan, el hecho de que un amplio sector de los ciudadanos mexicanos, la mayoría católicos, respalda al gobierno del presidente López Obrador. Con ellos el Presidente tiene un diálogo permanente como lo hace en sus giras por todos los rincones del país. Y como lo reflejan los resultados electorales.
Por eso parece extraño que el Episcopado proponga:
“Escuchar a la ciudadanía, a las voces de miles de familiares de las víctimas, de asesinados y desaparecidos…”
También el Episcopado dice: “creemos que no es útil negar la realidad”.
El gobierno de AMLO nunca la ha negado porque es imposible negarla, sino que, por ello, formuló una estrategia de seguridad uno de cuyos pilares innovadores fue la formación de la Guardia Nacional y, sobre todo, la inversión no antes vista en favor de los sectores sociales más vulnerables y pobres del país, porque sin ese esfuerzo, la sola represión armada no solucionaría el problema como se comprobó con la estrategia seguida por el gobierno de Calderón.
En la parte final de su declaración, el Episcopado hace “un respetuoso llamado a nuestras autoridades políticas a convocar a un diálogo nacional para emprender acciones inteligentes e integrales con el fin de alcanzar la paz mediante una participación conjunta”.
Aquí hago un paréntesis, para hacer un apunte personal. Para un católico regular, como el que escribe, no es comprensible cómo, respetables dignatarios de la Iglesia Católica mexicana convocan a un “diálogo nacional” con grupos que, hasta la fecha, se niegan a reconocer los avances logrados por el presidente López Obrador y que, en cambio, lo descalifican, insultan y ofenden a todas horas y por todos los medios, lo que evidentemente obstaculiza las vías del diálogo, un diálogo que no desean ni fomentan, porque lo que quieren—y así lo han dicho–, es que AMLO se vaya de la Presidencia de la República cuanto antes mejor.
Como cristiano de a pie, habiendo seguido de cerca la labor apostólica de los papas Juan Pablo II y Francisco, lamento profundamente que los arzobispos y obispos no se hayan documentado a fondo sobre los temas que abordan, dejándose llevar por el momento de dolor y el ruido ensordecedor de la propaganda contra el presidente López Obrador.
Al hacer estas consideraciones no falto al debido respeto a los obispos de la iglesia en su calidad sacerdotal, pues lo que se debate aquí son temas y asuntos del plano político terrenal.
El texto íntegro del Episcopado puede ser consultado aquí.
